ACTUALIZACIÓN · 2 DE OCTUBRE DE 2026
El programa entra en su fase operativa.
El 2 de octubre de 2026, durante la Argentina Week en París, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, anunciaron el lanzamiento del Programa de Ciudadanía por Inversión. Según el comunicado oficial, estará operativo para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. [6]
Las dos vías no son económicamente equivalentes. El aporte es una transferencia definitiva y no reembolsable al Tesoro Nacional: desde el patrimonio del solicitante, no es una inversión. El bono mantiene el capital representado en un activo emitido por el Estado argentino, pero su costo real depende del plazo, la tasa, la moneda, la amortización, la ley aplicable, la custodia, la transferibilidad y un eventual período de tenencia. El comunicado no fija esas condiciones; la prensa atribuyó al ministro un bono a siete años con cupón cero.
Cónyuges e hijos pueden presentar solicitud con aportes adicionales: USD 100.000 por el cónyuge, USD 100.000 por cada hijo soltero de 18 a 25 años sin hijos y USD 25.000 por cada hijo menor de 18 años. Una familia con dos hijos menores sumaría USD 500.000 por la vía del aporte. El comunicado los presenta como aportes al Tesoro y no aclara cómo se aplican cuando el solicitante principal elige el bono.
El anuncio confirma dos posiciones sostenidas por esta guía: la cancelación, en abril de 2026, de la Licitación Pública Internacional N.º 34-0001-CPU25 (Resolución 522/2026) puso fin a un procedimiento de contratación, no al régimen legal; y la naturalización por inversión no genera, por sí sola, residencia fiscal argentina.
01. ¿Por qué Argentina?
Para inversores que evalúan un negocio o un vínculo de largo plazo con Argentina, la migración por inversión forma parte de una estrategia legal más amplia. La estructura societaria, la titularidad, el origen de los fondos y los objetivos familiares deben evaluarse en conjunto. La ciudadanía es un estado jurídico otorgado por el Estado; no puede garantizarse mediante un contrato privado.
El DNU 366/2025 modificó la Ley de Ciudadanía e incorporó la naturalización por inversión relevante, con independencia del tiempo de residencia. También creó la APCI. Esta redacción legal no debe promocionarse como garantía de que todas las etapas del trámite puedan completarse a distancia. [1]
02. Residencia y ciudadanía son vías distintas.
La RBI se refiere a la autorización para residir en Argentina sobre la base de un proyecto de inversión. La CBI se refiere a una solicitud de nacionalidad. Un permiso de residencia, la inscripción de una sociedad o la compra de un inmueble no deben tratarse como equivalentes a la aprobación de la ciudadanía.
La vía ordinaria de naturalización en el texto del DNU 366/2025 se refiere a dos años de residencia legal y continua, y no a un requisito general de tres años para la ciudadanía. El procedimiento aplicable y el efecto de las decisiones judiciales exigen una evaluación actual y específica para cada caso. La residencia permanente no debe presentarse como un paso previo automático en todo caso de naturalización. [1]
Conozca la residencia para inversores en Argentina ↗03. ¿Qué cuenta como inversión relevante?
La Ley 346 sigue previendo la naturalización de extranjeros que realicen una inversión relevante, y el Decreto 524/2025 deja su definición en manos del Ministerio de Economía, incluso mediante proyectos específicos. [2]
El anuncio de octubre de 2026 introduce dos instrumentos estandarizados: el aporte de USD 350.000 y el bono de USD 800.000. La reglamentación deberá aclarar si son las únicas vías operativas, si conviven con proyectos productivos o si, en la práctica, la inversión productiva se canaliza hacia la residencia para inversores. [6]
Energía, minería, agroindustria, infraestructura, industria y tecnología son áreas que los inversores pueden querer explorar, pero solo bajo una norma que las acepte expresamente. Las cifras de mercado que circularon antes del anuncio —como un rango de USD 500.000 a USD 1 millón— ya no deben usarse como referencia, y una estimación de USD 100.000 para la RBI no debe presentarse como umbral legal. No se presume que inmuebles, valores negociables y criptoactivos califiquen.
04. Instituciones y cumplimiento normativo
La APCI conduce la evaluación. Según el comunicado, intervienen la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior. Luego la APCI eleva su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que aprueba o rechaza la solicitud: la misma arquitectura fijada por la Ley 346 y el Decreto 524/2025. [2] [6]
La revisión abarca la identidad, la trazabilidad y el origen lícito de los fondos, el patrimonio y el perfil financiero, el riesgo jurisdiccional, los antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio. Todos los fondos deben circular por el sistema financiero formal, conforme a las normas de prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de transparencia financiera; el comunicado menciona estándares alineados con las recomendaciones de la OCDE y del GAFI.
Por eso la preparación práctica debe comenzar antes de cualquier transferencia: beneficiario final, origen del patrimonio, origen de los fondos y un historial societario y bancario coherente.
05. Plazos e implementación
El Gobierno anunció que las solicitudes se recibirán durante el cuarto trimestre de 2026. A la fecha de esta revisión no se habían publicado el formulario oficial, el canal de presentación, los requisitos documentales, las cuentas de pago ni las condiciones del bono. [6]
El decreto prevé 30 días hábiles para que la DNM resuelva tras recibir el informe de la APCI. No es un plazo para todo el trámite ni una garantía de pasaporte. [2]
Nada de lo publicado vincula el programa con el actual mandato presidencial. Un gobierno futuro podría modificarlo dentro del marco constitucional y legal; la ciudadanía válidamente otorgada es un estado individual que no caduca con un cambio de gobierno. Cifras como un tope de 5.000 casos o una ventana de cierre de cuatro años no surgen de las normas citadas.
06. Fallos judiciales sobre el DNU 366/2025.
Dos fallos de Cámara, con alcances distintos, deben leerse junto con el anuncio. El 18 de junio de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal invalidó los artículos 37 a 43 del DNU 366/2025, que comprenden tanto el traspaso de la carta de ciudadanía a la DNM como la incorporación de la naturalización por inversión relevante. [7]
El 30 de junio de 2026, la Cámara Nacional Electoral, en la causa Liping Yang, declaró la nulidad del decreto por traspasar la carta de ciudadanía a la DNM y por regular materia electoral, que el artículo 99, inciso 3, de la Constitución excluye de los decretos de necesidad y urgencia. [8]
Son decisiones dictadas en casos concretos, no una derogación general: el Poder Ejecutivo considera vigente el régimen y el anuncio se apoya en él. La Ley 27.802, sancionada por el Congreso, remite expresamente a la norma de naturalización por inversión de la Ley 346. La vía del recurso extraordinario fue interpuesta o está pendiente de concesión; se espera que la Corte Suprema tenga la última palabra. Los inversores deben ponderar este riesgo antes de transferir fondos.
07. La residencia fiscal merece un análisis propio.
El artículo 194 de la Ley 27.802 modificó el artículo 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias: la naturalización por inversión relevante no convierte, por sí sola, a la persona en residente fiscal argentino. A esos efectos siguen aplicándose las reglas de residencia para extranjeros; quienes ya son residentes permanentes conservan su tratamiento de residentes. [3]
Un criterio genérico de “183 días” es insuficiente. Las normas legales incluyen la residencia permanente y, para extranjeros, un período de doce meses con autorizaciones migratorias temporarias, sujeto a las reglas sobre ausencias temporarias. Las cuestiones de convenios requieren un análisis separado. [4]
Argentina no debe describirse como una jurisdicción fiscal territorial en términos generales: los residentes tributan, en principio, por sus rentas de fuente argentina y extranjera. La ciudadanía no garantiza exenciones, acceso a convenios ni confidencialidad frente a los regímenes de información. [5]
08. Siete preguntas que la reglamentación debe responder.
- Inversión productiva
¿El capital aplicado a una empresa o a un proyecto energético, minero, agroindustrial, tecnológico o de infraestructura calificará sin el aporte ni el bono, o se canalizará hacia la residencia para inversores?
- Agentes autorizados
¿Habrá un registro obligatorio de agentes, operadores exclusivos o representación profesional ordinaria ante la APCI?
- Secuencia de pago
¿Los fondos se transfieren antes o después de la aprobación personal? Una etapa de preaprobación o aprobación condicional, y reglas claras si una solicitud se rechaza después del pago, protegerían a los solicitantes.
- Prevención del fraude
Los aportes deben ingresar solo en una cuenta oficial del Tesoro publicada por el Estado y la APCI; las suscripciones del bono, solo por canales oficiales o intermediarios regulados y expresamente identificados.
- El bono
El plazo, el cupón, la moneda, la ley aplicable, la custodia, la cotización, la transferibilidad y el período mínimo de tenencia siguen sin publicarse. Algún requisito de tenencia es una expectativa razonable, no una norma publicada.
- Vigencia
Nada de lo publicado hace que el programa venza con el actual mandato presidencial.
- Un cambio de gobierno después de 2027
Una expectativa, un expediente en trámite, una solicitud aprobada y una ciudadanía otorgada son situaciones distintas; para los expedientes en trámite, lo decisivo serán las disposiciones transitorias de cualquier reforma.
09. Acompañamiento profesional, por etapas
Falivene & Asociados puede definir un encargo a la medida de su inversión, su documentación y su situación familiar.
- Evaluación y diseño estratégico
Análisis de elegibilidad, debida diligencia preliminar, evaluación del origen de los fondos, estructura de la inversión y coordinación tributaria.
- Preparación y presentación
Preparación de documentos, coordinación profesional y representación, una vez confirmada una vía de presentación jurídicamente disponible.
- Resolución y documentación
Seguimiento y, si se otorga la ciudadanía, asistencia en los trámites posteriores de identidad y pasaporte.
Los honorarios, los hitos de pago y cualquier componente de éxito se acuerdan por escrito. Las tasas oficiales, la intervención notarial, las traducciones, la contabilidad externa y la propia inversión son adicionales, salvo inclusión expresa. No se garantiza ningún resultado ni plazo de tramitación.
El acompañamiento posterior a la naturalización puede cubrir necesidades societarias, contractuales y administrativas continuas en Argentina.
Solicitar una evaluación preliminar ↗ARGENTINA · PREGUNTAS FRECUENTES
Respuestas breves, con sus límites.
¿Está abierto el programa argentino de ciudadanía por inversión?
Anunciado, todavía no abierto. El Gobierno anunció que las solicitudes se recibirán durante el cuarto trimestre de 2026. Hasta que se publiquen la reglamentación, el canal oficial de presentación y las cuentas de pago, no debe transferirse ningún fondo.
¿Cuánto cuesta la ciudadanía argentina por inversión?
El comunicado oficial establece dos vías: un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un bono público específico de USD 800.000. Aportes familiares: USD 100.000 por el cónyuge, USD 100.000 por cada hijo elegible de 18 a 25 años y USD 25.000 por cada hijo menor. Las tasas oficiales, la debida diligencia y los honorarios profesionales son adicionales.
¿Quién decide una solicitud de ciudadanía argentina por inversión?
La APCI conduce la evaluación con la intervención de la SIDE, la UIF, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior; recomienda la aprobación o el rechazo a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que decide.
¿Se anuló el decreto de ciudadanía por inversión?
No con alcance general. En junio de 2026, dos fallos de Cámara dictados en casos concretos invalidaron disposiciones del DNU 366/2025 o el decreto en sí, por fundamentos distintos. La vía del recurso extraordinario fue interpuesta o está pendiente de concesión; se espera que la Corte Suprema tenga la última palabra.
¿Puede calificar una inversión empresarial, inmobiliaria o en valores negociables?
El anuncio describe solo el aporte y el bono. La reglamentación deberá aclarar si los proyectos productivos todavía pueden calificar como inversión relevante; hasta entonces, no se presume que inmuebles, valores negociables y criptoactivos califiquen.
¿La ciudadanía por inversión me convierte en residente fiscal argentino?
No por sí sola. El artículo 194 de la Ley 27.802 modificó el artículo 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias: la naturalización por inversión relevante no genera, por sí sola, residencia fiscal argentina.
¿Cuánto tarda la decisión de la DNM?
El decreto otorga a la DNM 30 días hábiles para resolver después de recibir el informe de la APCI. No es un plazo para todo el trámite ni una garantía de pasaporte.
FUENTES PRIMARIAS
Lea los textos normativos.
- DNU 366/2025 · Reformas a la Ley de Ciudadanía ↗
- Decreto 524/2025 · Procedimiento de ciudadanía por inversión ↗
- Ley 27.802 · Artículo 194 · Residencia fiscal ↗
- Ley de Impuesto a las Ganancias · Artículo 116 ↗
- ARCA · Ganancias alcanzadas por el impuesto ↗
- Comunicado oficial · Lanzamiento del programa, 2 de octubre de 2026 (Argentina Week, París)
- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III · Fallo del 18 de junio de 2026 (artículos 37 a 43, DNU 366/2025)
- Cámara Nacional Electoral · Causa Liping Yang, fallo del 30 de junio de 2026
Esta guía explica el marco citado y el anuncio oficial del 2 de octubre de 2026. No certifica que las solicitudes estén abiertas ni resuelve el alcance de los litigios. El asesoramiento individual exige verificar la reglamentación y las sentencias pertinentes antes de actuar.